Los bloques UCR y Encuentro Federal ya adelantaron a funcionarios del Gobierno sus principales cuestionamientos al proyecto que envió Milei. Las alternativas que evalúan para mantener equilibrio fiscal pero con “criterios distributivos”.
El debate del proyecto de Presupuesto 2025 lleva dos semanas y diferentes sectores de la oposición comenzaron a tener reuniones informales con el Gobierno para señalar sus principales diferencias y proponer algunas alternativas. Según pudo saber Infobae, los funcionarios libertarios por el momento mantienen una postura inflexible en cuanto a la distribución de los recursos. Es por eso que desde las bancadas dialoguistas ya comenzaron a planear la estrategia legislativa para forzar una negociación.
La nueva regla fiscal que determina que cualquier desvío en los ingresos previstos obligará a hacer cambios proporcionales en los gastos es uno de los puntos de conflicto. Si bien gran parte del arco opositor toma la defensa del déficit cero como una bandera legítima, intentarán limitar lo más posible la discrecionalidad del Gobierno.
En concreto, proponen que si el Estado recauda más debido a que la inflación prevista es menor a la real, se estipule de antemano a dónde irán los recursos extras. En la reunión que mantuvieron este miércoles, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, adelantó que se usarían para “bajar impuestos”. Pero tanto radicales como miembros del bloque de Miguel Ángel Pichetto consideraron que esta respuesta es demasiado amplia y pretenden una lista más detallada. En la misma línea, si la recaudación es menor, quieren saber cuáles serán los sectores que sufrirán los primeros recortes que garanticen el déficit cero. Por ejemplo, resultaría intolerable que haya más bajas en las partidas de salud o educación.
El segundo foco de conflicto, que la oposición considera casi “sin solución”, es el régimen jubilatorio. El Gobierno rechaza la suba del 8% para compensar la inflación de enero, no renovará la moratoria para que se jubilen personas sin aportes y dejará de actualizar el bono, según adelantó este martes el director de la ANSES, Mariano de los Heros. Simplemente se limita a ratificar el DNU que determina la actualización de los haberes por el Índice de Precios del INDEC.
En cuanto a la educación, la Casa Rosada anticipa una caída de 0,3% y una baja del 4,5% en el financiamiento de las universidades. De hecho, el artículo 27 del proyecto determina -gracias a la emergencia declarada en la Ley Bases- que se suspenderá el artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Esta norma establece que el Estado debe garantizar un gasto consolidado (nación, provincias y CABA) no inferior al 6% del PBI para la Educación.
“Esta suspensión tendrá consecuencias de largo plazo en la calidad del sistema educativo argentino. El financiamiento insuficiente de la educación compromete el futuro desarrollo del país y afecta la igualdad de oportunidades”, señalan desde la bancada radical
En cuanto a las universidades nacionales, el Gobierno planea destinarles $3,8 billones. Una cifra que apenas supera la mitad de lo que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): unos $7,2 billones. Según los rectores, la diferencia se explica porque el Gobierno no contempla casi ninguna recuperación de los salarios, ni siquiera según la inflación estimada del 18 por ciento.
Por otro lado, el artículo 17 establece que las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias información necesaria para “asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”. Y advierte: “El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”. Desde la oposición entienden que será una herramienta de presión para cortar las transferencias en caso de conflicto, como ya ocurrió con las universidades. Desde el radicalismo también adelantaron que la potestad para suspender fondos introduce un riesgo operativo para el funcionamiento de las casas de estudios ya que estas dependen de la regularidad de las transferencias para mantener sus actividades. Además señalaron como punto problemático que estas exigencias se utilicen de manera arbitraria para ejercer presión política sobre universidades específicas.
Mientras que los radicales por ahora apuntan a lograr un consenso con los libertarios, el bloque que conduce Pichetto es menos optimista y ya prepara un dictamen de minoría propio.
Este proyecto de presupuesto alternativo, según adelantaron, tendrá equilibrio fiscal con criterios distributivos, lo que implica que buscará revertir las pérdidas que sufrieron algunos de los sectores más castigados durante 2024: los jubilados, las universidades y las provincias. El punto central será que los diputados de Encuentro Federal estipularán de dónde saldrán los recursos para cubrir estas mejoras, tal como reclama el Gobierno.
Los cálculos preliminares arrojan un costo del 0,6 puntos del PBI para mejorar las jubilaciones otorgando el aumento del 8% y hacer automática la actualización de los bonos; y para garantizar el financiamiento universitario. Las tres principales fuentes de las que surgirán estos recursos serán los regímenes fiscales; algunas partidas que aumentan sin justificación aparente por encima de la inflación como las de Jefatura de Gabinete, la SIDE y la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei; y algunos regímenes salariales especiales de la administración pública, como los empleados de AFIP que reciben una compensación extra atada al nivel de recaudación.
En cuanto a las deudas con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas, el Gobierno dice que liberará los fondos a medida que se realicen las auditorías correspondientes (sospecha que algunas provincias reclamaron y recibieron más de lo que les correspondía). Encuentro Federal plantea que no se opone a las auditorías pero intentará ponerles un límite de tiempo. Si pasado ese lapso, que podría ser de tres meses, el Gobierno no hizo la auditoría, deberá liberar los fondos automáticamente.
El debate por el presupuesto seguirá por varias semanas ya que la hoja de ruta del oficialismo apunta a lograr la media sanción en la última semana de noviembre. La oposición dialoguista confía en que esta vez los gobernadores asumirán una postura mucho más firme a la hora de negociar y así obligarán al Gobierno a hacer concesiones. Igualmente, muchos reconocen que al final de cuentas el Presupuesto deberá aprobarse porque cualquier proyecto es mejor que volver a prorrogar el del año pasado.
