La obra está inconclusa, con pagos sin justificar y riesgo de incendio. Tuvo un presupuesto asignado de $52 millones. La obra se adjudicó el 8 de octubre de 2019 y debía terminarse en 6 meses.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó serias irregularidades en la obra de modernización y puesta en valor de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La obra se adjudicó el 8 de octubre de 2019 a través de la Orden de Compra N° 186/2019 por $52.498.790,30, es decir sobre el final del mandato de Mauricio Macri y debía completarse en seis meses desde su adjudicación, es decir en abril de 2020, ya bajo la administración de Alberto Fernández. Sin embargo, en agosto de 2024, fecha en que finalizó la evaluación de los auditores, los trabajos no solo no habían concluído, sino que representaba un peligro para los vecinos: desde riesgo de incendio y electrocución a posibilidad de derrumbe.
El Gobierno de Javier Milei mantiene un conflicto abierto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales por la reducción del financiamiento estatal para el cine nacional en línea con la política de ajuste y su postura crítica hacia el financiamiento público de la cultura. En enero de 2024, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 derogó artículos de la Ley de Cine que garantizaban el financiamiento del INCAA a través de impuestos específicos. La falta de fondos ha generado la suspensión de proyectos, la reducción de subsidios y un clima de incertidumbre en la producción cinematográfica.
Sectores de la industria han denunciado que el Gobierno busca desmantelar el INCAA, poniendo en riesgo la producción audiovisual nacional. La postura del oficialismo es bien distinta. Manuel Adorni, el portavoz presidencial, ha criticado en más de una oportunidad la actuación del INCCA. Cuestionó que el Estado financie producciones cinematográficas y sostuvo que el cine debe autofinanciarse y competir en el mercado sin subsidios. “El INCAA es un organismo con gastos excesivos y falta de transparencia en la asignación de fondos”, dijo. También denunció el “manejo discrecional de fondos y falta de transparencia”. La disputa, que sigue abierta, devino en marchas y enfrentamiento entre trabajadores y militantes y las fuerzas federales que aplicaron el protocolo antipiquetes.
El INCAA es un ente descentralizado y autárquico, pero su administración y políticas, hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, estuvieron alineadas con el Ministerio de Cultura, que en el Gobierno de Alberto Fernádez estuvo a cargo del cineasta Tristán Bauer. Ya en la administración del Frente de Todos el INCCA sufrió una crisis financiera y reclamos del sector por retrasos en los pagos de subsidios. También se recibieron denuncias por falta de transparencia en la gestión de fondos y disminución de la recaudación del Fondo de Fomento Cinematográfico, que proviene del 10% de cada entrada de cine vendida y otros aportes.
Los puntos principales del informe
Durante el período auditado por la SIGEN, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica estaba a cargo del prestigioso director de cine Luis Puenzo.
El desplazamiento del director de La historia oficial -ganadora del Oscar a mejor película extranjera en 1986- terminó de cristalizarse el 11 de abril de 2022. Ese lunes se llevó adelante una movilización de diferentes sectores de la industria audiovisual frente a las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en reclamo de cambios en las políticas para el sector. Algunas de las asociaciones convocantes exigieron también la renuncia de Puenzo. El reclamo más urgente, compartido por todo el sector, era la sanción de una ley que prorrogue la asignación de los impuestos directos que desde hace más de 25 años sostienen la producción audiovisual en el país.
El experimentado cineasta fue reemplazado por Carlos Pirovano, un economista con experiencia en gestión pública y privada. Su nombramiento generó polémica en la industria cinematográfica debido a su falta de antecedentes en el sector audiovisual. Según el informe de la SIGEN, Pirovano tampoco terminó de ejecutar la obra por la que ya se había abonado casi la totalidad del contrato y que a la fecha de la auditoría -24 de mayo de 2024- “estaba paralizada”.
Las conclusiones de los auditores son lapidarias: alertan sobre el estado crítico del edificio de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica que debía ser remozado -está ubicado en la calle Moreno 1199, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con riesgos estructurales, eléctricos y de seguridad que afectan tanto la infraestructura como a quienes circulan por el establecimiento. La falta de control y ejecución de la obra dejó un espacio inhabilitado y peligroso, con grandes retrasos y fallas en la planificación, precisan los auditores que también remarcaron:
Obra inconclusa y paralizada: fue adjudicada a TECYMAQ S.A. por un monto de $52.498.790,30, debía completarse en seis meses tras su adjudicación en 2019, pero sigue sin finalizar.
Abandono y falta de mantenimiento: gran cantidad de escombros, materiales inflamables y mobiliario acumulado. Falta de medidas de seguridad e higiene. Instalaciones eléctricas fuera de normativa, con riesgo de incendio y electrocución. Deficiencias en el sistema contra incendios y las escaleras de evacuación.
Pagos sin justificación adecuada: se abonó $41.999.032,24 (80% del total), aunque el avance de obra no justifica ese porcentaje. El contratista recibió un anticipo del 60% para acopio de materiales, muy superior al estándar del sector (10-20%). No hay registros claros de certificación de avances de obra.
Irregularidades administrativas: no se firmó un contrato formal con el contratista, solo una orden de compra. Falta de control del INCAA sobre la ejecución del proyecto. Se aplicó una redeterminación de precios sin justificación ni método adecuado.
Entre las observaciones más preocupantes, la auditoría destacó la presencia de un hueco provisorio para un montacargas que carece de contención de seguridad, lo que representa un peligro significativo para las personas. Asimismo, se detectaron materiales inflamables almacenados sin las medidas de protección adecuadas, lo que incrementa el riesgo de incendios.
En cuanto a las instalaciones eléctricas, el relevamiento identificó fallas graves, como tendidos fuera de normativa que podrían derivar en choques eléctricos o incendios. Además, algunos materiales de construcción, como cemento y pintura, se encuentran en estado de degradación debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la obra, lo que pone en evidencia la falta de mantenimiento y planificación.
El informe también señala que la obra carece de un registro adecuado de los materiales y herramientas, así como de un espacio específico para su almacenamiento. Esto ha derivado en un entorno desordenado y sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral. Según SIGEN, no se cuenta con personal calificado para supervisar y controlar la ejecución de un proyecto de esta envergadura, lo que ha contribuido al estado actual de la obra.
Por otro lado, se detectaron irregularidades en el proceso de contratación y ejecución. La auditoría reveló que no se firmó un contrato formal con la empresa adjudicataria, “limitándose únicamente a una orden de compra”. Además, los pagos realizados a la contratista “no corresponden al avance real de la obra”.
Los hallazgos de la SIGEN piso por piso
Los auditores también detallaron el descontro detectado en cada uno de los pisos del edificio administrado por el INCCA:
Planta Baja. Problemas edilicios y retrasos:
Escaleras de evacuación inconclusas: falta de cemento alisado, barandas y pasamanos.
Puertas cortafuego sin instalar, lo que compromete la seguridad ante incendios.
Muros sin demoler según lo previsto en planos, afectando la distribución del espacio.
Sanitarios sin modificaciones, incumpliendo el proyecto de obra.
Habilitación de un agujero provisorio para elevación de materiales, sin medidas de seguridad.
Problemas eléctricos
Tableros abiertos con partes activas expuestas, con riesgo de electrocución.
Cables colgantes fuera de las bandejas porta-cables, aumentando el riesgo de cortocircuito.
Empalmes rudimentarios e inseguros, que pueden generar fallas y sobrecargas.
Instalaciones eléctricas incompletas, sin pruebas de funcionamiento.
Primer Piso. Problemas edilicios y retrasos
Sistema contra incendios sin finalizar, con bombas inoperativas y sin pruebas de hermeticidad.
Escaleras de evacuación sin barandas, pasamanos ni puertas cortafuego.
Ausencia de muros de cierre y conductos de ventilación, afectando la seguridad y la correcta circulación del aire.
Problemas eléctricos
Iluminación de emergencia sin instalar, lo que impide evacuar en caso de cortes de energía.
Cables sin sujeción adecuada, con riesgo de cortocircuito y descargas eléctricas.
Primer Subsuelo. Problemas edilicios y retrasos
Sistema contra incendios sin pruebas de hermeticidad y funcionamiento.
Falta de finalización de la instalación de aire acondicionado, sin aprobación técnica del GCBA.
Montacargas sin construir, solo se habilitó el hueco sin medidas de seguridad.
Problemas eléctricos
Instalaciones incompletas y sin revisión técnica.
Cables colgantes fuera de normativa, aumentando el riesgo de incendios.
Sistema eléctrico contra incendios sin pruebas de hermeticidad, lo que impide verificar su correcto funcionamiento.
Segundo Subsuelo. Problemas edilicios y retrasos.
Obras sin avance en la sala de mezcla, sala de grabación y control de grabación.
Escaleras de evacuación sin pasamanos, barandas ni puertas cortafuego.
Ausencia de muros de cierre y ventilación.
Montacargas sin instalación, con el hueco abierto y sin medidas de seguridad.
Desorden generalizado con materiales acumulados, lo que impide la circulación y aumenta el riesgo de incendios.
Sanitarios y vestuarios sin terminaciones, con falta de grifería, puertas y cielorrasos.
Problemas eléctricos
Tableros eléctricos expuestos sin tapas protectoras, con riesgo de electrocución.
Instalaciones con cableado deficiente y conexiones inseguras.
Falta de puesta a tierra adecuada, lo que impide la protección contra descargas eléctricas.
Iluminación de emergencia y señalización de riesgos sin instalar.
Entre las conclusiones de la SIGEN se destaca que la obra de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica “quedó inconclusa y en un estado de abandono crítico, con riesgos de seguridad e irregularidades administrativas graves". Por eso los auditores sugieren “acciones inmediatas para retomar y finalizar el proyecto, además de investigar posibles perjuicios fiscales y responsabilidades”.
