El líder del Polo Obrero enfrenta acusaciones de administración fraudulenta contra la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo y defraudar al Estado por el desmanejo de fondos públicos. En paralelo, se llamó a indagatoria a facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades de cajón.
El juez federal, Sebastián Casanello, definió los detalles de la resolución por la cual señala a Belliboni y otros dirigentes más como responsables de los delitos de administración infiel en concurso real y amenazas a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El magistrado tomó una decisión luego de que tanto el fiscal, Gerardo Pollicita, como los organismos querellantes solicitaran la elevación a juicio. También se habían expresado las defensas de los dirigentes del Polo Obrero.
Envían a juicio oral a Eduardo Belliboni por extorsionar a beneficiarios de planes sociales y defraudar al Estado
A lo largo de la investigación, el juez Casanello logró probar que el Polo Obrero y la cooperativa de trabajo “El Resplandor Limitado” enviaban parte de los fondos que recibían como unidades de gestión de ese programa a una serie de empresas, que hacían facturas truchas para desviar el dinero y terminar financiando la campaña electoral del Partido Obrero.
Entre las empresas en la mira está Coxtex (catalogada por la AFIP como una firma apócrifa), a la que el PO asegura haberle comprado computadoras. La compañía fue fundada por Pichuaga y Vega, dos personas a las que les pagaron sumas de dinero para firmar el acta de constitución. El cerebro de esta firma era Leandro Kebleris, que actualmente sigue siendo investigado por la Justicia.
Entre las empresas que se usaron para desviar los fondos también está la imprenta del Polo Obrero, Ediciones e Impresiones Rumbos. Además, Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini fueron otras firmas utilizadas para la maniobra.
A estas empresas se desviaron unos $40 millones de los $360.000.000 que recibieron el Polo Obrero y el Resplandor como unidades de gestión. Con parte de ese dinero, el PO luego contrató a una empresa de publicidad que hizo campaña digital para el Partido Obrero. “Lo público se confundió con lo privado”, escribió el juez Casanello cuando procesó a Belliboni.
Además de Belliboni, considerado el organizador de la estructura delictiva, también fueron acusados los referentes nacionales Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. En esa lista también están, entre otros, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
