En un debate que llevó horas, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea, dentro del Ministerio de Seguridad, las mesas de coordinación con gobiernos locales con la intención de reducir los niveles de violencia que se vive, sobre todo, en las grandes ciudades de la provincia. La iniciativa, que fue impulsada por el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, intenta darles un ámbito de participación a los intendentes y presidentes comunales sobre las decisiones para combatir la inseguridad en sus territorios.
"Nosotros creemos que no nos podemos seguir enterando de la designación de los jefes por los diarios. La ciudad de Rosario ya tuvo nueve jefes policiales en lo que va del mandato del gobernador Perotti", dijo el diputado Ariel Bermúdez (Creo), quien es la voz el intendente rosarino en la Cámara baja.
"Estas mesas de coordinación regionales son un aporte al desconocimiento en prevención que hay de parte de las fuerzas policiales", dijo y argumentó: "El cambio permanente de jefes hace que no conozcan las zonas y los jefes territoriales que son los intendentes y presidentes comunales son los que conocen el territorio, pueden prevenir, decir dónde colocar a la tropa y pueden hablar permanentemente con el jefe policial para coordinar esa tarea".
"En Rosario estamos viviendo una situación caótica. Hemos llamado a la Corte Suprema de Justicia, que fue a la facultad de Derecho, donde cedimos un predio con fondos municipales para que se aloje a la fuerza federal para combatir el delito; fuimos permanentemente a Buenos Aires a tocar las puertas para hablar con el ministro (Aníbal) Fernández y no logramos todavía ser escuchados para solucionar este tema", expresó y reconoció que esta situación arrancó hace mucho tiempo y que "no es una cuestión de seguridad de este gobierno, si no que ya viene de larga data".
"No puede ser que con la tecnología que tenemos en la actualidad el delito se cometa desde la cárcel con un teléfono celular y se amenace a los ciudadanos, a los empresarios, conduzcan las balaceras", dijo Bermúdez que recordó que hay proyectos de diputados para poner inhibidores de señal en las cárceles.
Adelantándose a la posición que tomó el bloque UCR Evolución, que se abstuvo de acompañar la iniciativa, Bermúdez aclaró que "adherir o no a esta ley va a ser una decisión de cada uno de los intendentes y presidentes comunales". Pero remarcó que "para las grandes ciudades esto es fundamental".
Por su parte, Carlos Del Frade dijo que el bloque del Frente Social y Popular adhiere al proyecto "más por el espanto que por el amor". En ese sentido, el legislador argumentó: "La decisión que tomó Omar Perotti de conceder la política pública de seguridad a quien forma parte estructural del problema y no de la solución, que es la corporación policial, la Santafesina SA, como la venimos denominando desde la década del 90, es un retroceso democrático que entraña a todas las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe. Por eso, más que nunca, hay que legislar a favor de la iniciativa del intendente de Rosario, con quien no tenemos relación política. Pero se quiere meter en el problema, pone la cara y pone el cuerpo".
"Lo que hizo Perotti fue decir que se clausura el conducto para que la política participe en la política pública de seguridad. Es un retroceso que no se veía desde los tiempos del terrorismo de Estado en la provincia de Santa Fe", agregó.
Luego deslizó sus sospechas sobre que la idea de darle el poder a la vieja guardia de la policía haya sido una sugerencia de algunos senadores. "Es un mensaje a la sociedad que viene una política de mano dura y cada vez que hubo política de mano dura hubo más cajas negras en la policía de la provincia y más pactos mafiosos en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Es un hecho gravísimo", aseveró.
Por otra parte, Del Frade, quien pidió más control sobre la venta de armas y balas, remarcó que esta señal que está dando Perotti parecería indicar que es un fracaso de la política en la conducción de la Seguridad. Sin embargo, señaló que lo que fracasó es la idea de que el Poder Ejecutivo solo puede construir una seguridad democrática. "Pero la buena política sería hacer por ley un acuerdo multipartidario para generar la fuerza política suficiente para eliminar los nichos de corrupción que tienen las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y también las fuerzas de seguridad nacionales", concluyó.
Juan Cruz Cándido, quien pidió la abstención del bloque UCR Evolución, aclaró que los legisladores de ese bloque no estaban en contra del espíritu del proyecto, aunque dijo que el compromiso de la Cámara era buscar el consenso de todos los intendentes y presidentes comunales y que el Foro de Intendentes de la UCR rechazó de manera unánime este proyecto y que se pidió que haya una iniciativa sólo para Rosario y su área metropolitana.
Además, Cándido dijo que es el gobernador quien tiene que hacerse responsable de lo que está pasando y que con este proyecto lo que sucederá es que "va a seguir lavándose las manos".
A su turno, Joaquín Blanco (PS), pronunció el apoyo al proyecto y al intendente de Rosario. También destacó el trabajo legislativo que se hizo para llevar adelante el proyecto. "Es un paso adelante para mejorar la política pública de seguridad", afirmó.
Luego se refirió a la situación de las ciudades de Santa Fe y de Villa Gobernador Gálvez donde ya funcionan mesas de seguridad a partir de la convocatoria de sus intendentes y donde se realizan reuniones periódicas con las fuerzas policiales para discutir las políticas de seguridad.
El diputado socialista dijo que se enteraron "de la peor manera que el ministro (Jorge) Lagna había sido renunciado junto a la jefa de la policía" de la provincia y aseguró que "el gobierno de Perotti nuevamente pega un volantazo en materia de seguridad" e hizo un repaso de los últimos dos años y medio de gestión en seguridad. En ese sentido sostuvo que el problema no son los ministros ni los nueve jefes policiales que pasaron por Rosario, "el problema se llama Omar Perotti y la forma que tiene de conducir este gobierno que va a hacer fracasar cualquier política concertada de seguridad que se encare este año y cuatro meses que quedan de esta gestión".
Fabián Palo Oliver (Radicales Libres) pidió autocrítica a los diferentes sectores políticos. "Hasta que no asumamos que quienes somos oposición y fuimos gobierno tuvimos aciertos y muchos errores; hasta que no asumamos que el actual gobierno provincial asumió sin un plan de seguridad y sin equipo preparado para hacer frente a la violencia de la seguridad pública de la provincia, creo que nos vamos a pasar haciendo diagnósticos, pero no vamos a lograr acordar políticas activas que permitan bajar la violencia progresivamente en los próximos años", sostuvo.
Mientras que el presidente del bloque Justicialista, Leandro Busatto advirtió que lo que se aprobó este jueves no era una idea del intendente de Rosario, sino "un copie y pegue de algunos artículos del proyecto de ley de seguridad pública que envió el exministro de Seguridad, Marcelo Sain".
"En el tema seguridad hay que empezar por el final, por este desmadre que estamos viviendo", dijo Busatto y agregó: "También hay que ir al principio y hay que decir que la provincia de Santa Fe, en los últimos 14 o 15 años, tiene una deuda histórica para con la ciudadanía".
"Para nosotros también implica un retroceso enorme concederle a la propia fuerza la conducción política de la seguridad. Si fuera una escalera iríamos descendiendo. Empezamos con la idea de gobernar la seguridad con parámetros democráticos, estableciendo el gobierno en la conducción un civil a cargo de la fuerza. Fracasada esa instancia volvimos a la idea del cogobierno, un mix entre la conducción política y la fuerza como ocurrió hasta hace muy poco. Y ya para descender un peldaño más, casi camino al infierno, llega esta triste noticia para quienes amamos la política que es entregarle llave en manos el ministerio a la propia fuerza", expresó.
"Hay que ser críticos de lo que está ocurriendo porque si uno no puede ser crítico de lo que pasa en su propio gobierno para discutir en serio lo que está pasando", dijo y aseguró que la política tiene una gran oportunidad ante esta crisis para poder sentar las bases de una construcción democrática en materia de seguridad.
En lo que respecta a seguridad, todos los espacios políticos que fueron gobierno en los últimos años y los que lo son en la actualidad saben que tienen más errores que aciertos en el haber. A menos de un año de las elecciones para gobernador resulta casi impensable que el tema se pueda debatir a fondo para generar políticas públicas consensuadas que excedan a un gobierno, en lugar de que el tema termine siendo uno de los ejes de la campaña política. El tiempo corre y la violencia no cesa. El gran desafío para la política santafesina está planteado, el interrogante es si la coyuntura electoral permitirá que los espacios políticos estén a la altura de las circunstancias.
Fuente: UNO Santa Fe
