La Cámara Nacional del Trabajo admitió este martes el amparo presentado por la CGT contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 promulgado por Gobierno nacional y anuló todo el capítulo laboral de esa normativa, según informaron fuentes judiciales.
El DNU
Pedido a los legisladores
La CGT reclamó que el grupo de legisladores que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, vuelva al bloque de Unión por la Patria tras su anuncio de ruptura y división debido a su apoyo a la Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei.
A través de una solicitada, las autoridades de la central le exigieron a Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla -a los que acusaron de “responden al gobernador Osvaldo Jaldo, cuando tienen que responder al pueblo tucumano"- a cumplir “el contrato electoral” con la sociedad que los eligió.
“Es preciso que honren ese compromiso de cara a su responsabilidad institucional y a su pueblo y no que queden abrazados a aquellos tucumanos fieles herederos de la peor dictadura”, afirmaron, y completaron: “Hace muy pocos meses, en esta misma provincia advertíamos que los que promueven la eliminación de la coparticipación en realidad quieren una mirada unitaria de la Argentina”.
El pedido de la CGT se enmarca en la previa al tratamiento de la Ley Ómnibus, que se debatirá mañana en el Congreso, por la que bregan a construir “la mayor expresión de unidad de la que se tenga memoria”.
“Estamos comprometidos en la construcción de una nueva mayoría que ponga límites sociales a las retrógradas y peligrosas transformaciones que intenta llevar adelante el Gobierno Nacional”, subrayaron.
Las autoridades de la central acusaron al Gobierno de impulsar un DNU de falsa necesidad y urgencia y de enviar un megaproyecto redactado por “personajes ajenos a la administración”, en referencia a Federico Sturzenegger. Además, denunciaron a la gestión libertaria de criminalizar la protesta social y suprimir los derechos laborales a través del desmantelamiento de las organizaciones gremiales.
En la misma línea, sostuvieron que las modificaciones que se debatirán en la Cámara de Diputados a partir de mañana perjudican a trabajadores, jubilados y pensionados, inquilinos, consumidores, pymes, y “condenan a muchas familias a la pobreza energética” en beneficio del gran capital económico y financiero.
