El presidente Javier Milei ha dispuesto, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, una ampliación presupuestaria de $7.366 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). De este monto, $1.625 millones están destinados específicamente a gastos reservados del organismo.
Detalles de la ampliación presupuestaria
La reasignación de fondos se distribuye en:
Gastos corrientes: $6.344 millones, que incluyen:
Personal: $885 millones adicionales.
Bienes de consumo: $1.145 millones para insumos como alimentos y vestimenta.
Servicios no personales: $4.323 millones, abarcando servicios públicos, alquileres y los mencionados gastos reservados.
Gastos de capital: $1.022 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipos tecnológicos.
Esta ampliación se produce en un contexto donde, previamente, el Gobierno había asignado $100.000 millones adicionales a la SIDE mediante el DNU 656/2024, que fue posteriormente rechazado por ambas cámaras del Congreso, marcando un precedente histórico en la política argentina.
Reacciones y perspectivas
La nueva asignación de fondos podría generar debates en el ámbito político y social, considerando las recientes controversias relacionadas con el presupuesto destinado a los organismos de inteligencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El aumento de los fondos destinados a la SIDE despertó críticas en diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos. Desde la oposición advierten que la falta de transparencia en el manejo de los gastos reservados puede facilitar un uso discrecional de estos recursos, sin mecanismos de control adecuados.
Además, algunos legisladores han señalado que la medida contradice el discurso oficial de austeridad del gobierno, ya que mientras se recortan partidas en áreas como educación y salud, se incrementan los fondos destinados a inteligencia.
Por otro lado, fuentes cercanas al Gobierno argumentaron que este refuerzo presupuestario es necesario para modernizar la estructura de inteligencia y mejorar la seguridad nacional. Según indicaron, una parte de estos recursos estará destinada a fortalecer la ciberseguridad y el combate contra el crimen organizado.
No obstante, especialistas en la materia advierten que sin un control parlamentario efectivo, estos fondos podrían derivarse a actividades poco claras, aumentando las sospechas sobre su verdadero propósito.
El bloque de senadores de Unión por la Patria y otros espacios opositores adelantaron que buscarán impugnar la ampliación presupuestaria en el Congreso. Los legisladores argumentaron que esta decisión refuerza la tendencia del Gobierno a gobernar por decreto, para evitar de esta manera la discusión parlamentaria.
Además, sostienen que el incremento de fondos para la SIDE se da en un contexto donde otras áreas clave, como educación y salud, sufrieron recortes significativos, generando una distribución desigual de los recursos públicos.
