La mayoría de los involucrados pertenece o llegó a Corrientes a través de la Fundación Dupuy. Estaban detenidos desde el 15 de septiembre.
Cuando todo el mundo estaba mirando para otro lado, y en silencio, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a diez personas que, en nombre de la "Fundación Lucio Dupuy", habrían interferido con la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña (5) en Corrientes. Todas estaban detenidas desde mediados de septiembre.
En un extenso fallo de mas de 500 paginas – al que accedió Clarín- la jueza resolvió así un expediente paralelo a la desaparición de Loan Danilo Peña. Todavía resta saber que pasará con los primeros detenidos del caso, acusados de "sustraerlo". Pero la investigación es tan compleja y está tan trabada que en la misma resolución de este viernes Pozzer Penzo pidió a la Cámara Federal que le de más tiempo para resolver. Tenía 4 meses y ya se los gastó.
Los delitos por los que se los imputó fueron desde "atentado y resistencia a la autoridad", "falso testimonio agravado", "estafa calificada", "violación de medios de prueba", "violación de secreto profesional", "encubrimiento agravado" y "privación ilegítima de la libertad".
La figura más visible de este grupo es Nicolás Gabriel Soria (42), quien se presentaba como "El Americano", y junto con los abogados Elizabet Noemí Cutaia (45) y Alan Juan José Cañete (32), también detenido en septiembre, rodearon y aislaron a los tres hijos de Laudelina Peña -principal acusada del caso Loan- y a Camila Núñez (tía de los chicos) y su hija menor de edad en un hotel no habilitado de 9 de Julio.
Para las hijas de Laudelina ahora la jueza pidió asistencia psicológica urgente.
Soria solía presentarse como integrante de la CIA, el órgano de inteligencia de Estados Unidos, y en otras oportunidades como miembro de Interpol. Por eso a él se le sumó el procesamiento de usurpación de títulos de honores además de una acusación de suministro gratuito de estupefacientes.
Las actuaciones se iniciaron en un episodio en el cual Soria trató de impedir que personal de seguridad entrara al hotel donde se alojaban. La fuerza tenía la orden de trasladar a Macarena y Camila junto a los menores a sus domicilios particulares.
Dice la jueza en su fallo: "El caso concreto y visible de la obstaculización de este grupo emerge del día en que Prefectura pretendió realizar un acto habitual como es el reconocimiento de quienes estaban en el interior del denominado ‘hotel’, aunado a que contaban con una orden judicial al estar menores adentro".
Pero, según la jueza, eso no se pudo hacer por "las acciones que ellos habrían desplegado para evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching) (…) Por la casi inmediata intervención que tuvieron desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado".
"El impacto es que este “entrenamiento” realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores", concluyó.
