El juez Federal Nº 2 de Santa Fe -subrogante- Aurelio Cuello Murúa convocó para este lunes 2 de octubre a tres hombres investigados por su presunta participación en la comisión de delitos contra el orden económico, por los cuales se encuentra detenido desde hace 20 días un exfuncionario público municipal.
En tanto, el mismo magistrado cuenta con 10 días hábiles para resolver la situación procesal en la que se encuentra Ángel Yamil Benavídez, quien permanece tras las rejas desde el pasado 12 de septiembre, cuando efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la provincia desbarataron una “cueva” de dinero que funcionaba en un departamento que él alquilaba en el piso doce de una torre del puerto santafesino.
Benavídez fue trasladado ante la justicia el jueves pasado, para ampliación de declaración indagatoria por los delitos de lavado, intermediación financiera y la alteración de 39 tarjetas de débito de terceros. Por lo que el juez tiene tiempo hasta el próximo jueves 12 de octubre para resolver si lo procesa o le dicta la falta de mérito; y si en caso de ser procesado le impone prisión preventiva o le concede la libertad bajo alternativas.
Hallazgo “casual”
Mientras tanto, la causa avanza con derivaciones, como los planteos de nulidad e incompetencia interpuestos por el abogado particular Ignacio Alfonso Garrone la semana pasada, en nombre de su defendido Benavídez.
El fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez rechazó el primero de los recursos y aprovechó para recordar el hallazgo “absolutamente casual” de la “cueva” de dinero desbaratada en el puerto.
El representante del órgano acusador respondió el jueves sobre el planteo mediante el cual se pretende la nulidad del allanamiento que terminó con la detención de Benavídez; y será el juez Cuello Murúa quien deberá expedirse sobre si lo concede o no.
Cuatro puntos
Alfonso Garrone reclamó el lunes pasado la nulidad del allanamiento del 12 de septiembre en el departamento del complejo habitacional de calle Sara Pinasco de Jullierac 1760, donde se encontraron 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros.
Cuatro motivos esgrimió el letrado: la falta de elementos objetivos para allanar por parte de la justicia provincial; la invasión de la esfera de privacidad de quien por entonces ocupaba el departamento (Benavídez) y no era objeto de la investigación inicial; la falta de urgencia en la medida en un proceso que había transitado la vía de la mediación; y por último, la ausencia de delito para disponer la medida.
Para la fiscalía no es la justicia federal el ámbito en el que deba discutirse la validez del allanamiento, sino la propia justicia provincial que es donde se tramite la causa que dio origen a la investigación.
Info: El Litoral.
