La Municipalidad de Santa Fe remitió el Mensaje Nº 23 al Concejo local, donde le solicita autorización para llamar a licitación pública con la intención de adjudicar las tareas de refuncionalización y mantenimiento de la red de alumbrado público de toda la ciudad. También le pide aprobar el Pliego de Bases y Condiciones necesario para el acto licitatorio.
Es decir, la administración del Dr. Juan Pablo Poletti busca tercerizar el mantenimiento del sistema de luminarias públicas. El contrato se extendería por un plazo de 60 meses, con un monto de contratación de $22.687.086.559, fondos que saldrían de las arcas municipales.
La contratista debería poseer antecedentes vinculados a trabajos de refuncionalización superiores a 20.000 luminarias.
Esta suerte de “privatización” de un servicio municipal, el alumbrado público -la recolección de residuos y el SEOM, por caso, funcionan también con contratos a terceros-, que a su vez pagan los contribuyentes con la TGI, despertó un vendaval de críticas de la oposición en el Legislativo local.
Así, sobre tablas se aprobó una comunicación donde Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández (Bloque PJ) plantearon un “rosario” de dudas.
Así, los ediles pidieron informes sobre la cantidad de personal especializado disponible en el Departamento de Alumbrado Público y Electromecánica (DAPE) destinado a reposición, reacondicionamiento y mantenimiento de luminarias, cableado, columnas, contactores, tableros, líneas de tendido aéreo; y la cantidad de vehículos, maquinaria, herramientas e insumos específicos para estos trabajos.
También, qué aspectos de los modelos de mantenimiento de alumbrado público implementados “en Rosario, Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, entre otras” y que habrían sido objeto de estudio por parte de la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, fueron tomados como ejemplo o insumo para el esquema de contratación propuesto en el mencionado Mensaje Nº 23.
Finalmente, exigieron al Ejecutivo la remisión de copia autenticada del informe que debería haber elaborado el personal técnico municipal y que da cuenta de que un 45% del parque lumínico de la ciudad posee deficiencias de mantenimiento, se encuentra dañado o fuera de servicio, además del plan trazado por la DAPE para el restablecimiento del correcto funcionamiento de la red de alumbrado público.
El antecedente inmediato
En mayo, el Ejecutivo emitió el decreto N° 00032/2024, mediante el cual convocó a un concurso de precios de urgencia para adjudicar obras en el alumbrado público por 90 días. El monto: 301.897.438 pesos. Días después se adjudicaron los trabajos, por un monto menor -de unos 250 millones de pesos-, a la empresa Mantelectric.
Las obras estaban proyectadas en una veintena de barrios de la ciudad: se iniciaron en cinco.
Este último antecedente más el nuevo mensaje “nos despertaron muchas dudas, demasiadas… Queremos saber qué pasó con Mantelectric durante dicho período, más el costo para el Estado local y el beneficio para el vecino; queremos un diagnóstico certero, y saber cuál es la verdadera intención de este pedido de llamado a licitación pública para tercerizar este servicio municipal”, fustigó Mudallel desde su banca.
Pero además, la edila pidió saber “si esa licitación será real o está hecha para una empresa específica… Necesitamos que nos expliquen por qué conviene tercerizar el servicio de alumbrado, qué pasa con la DAPE, por qué no funciona. Es la información que necesitamos para saber si acompañaremos o no, llegado el debate, el mensaje. Es un monto muy elevado, 22 mil millones de pesos”, apuntó la justicialista.
“Estado de sospechas”
La también opositora Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo – FR) se sumó a las críticas y las dudas planteadas. La edila pidió una evaluación sobre Mantelectric respecto de cómo trabajó, y que aún no cumplió con los 90 días de trabajos, que era el plazo estipulado, más los certificados de finales de obra.
“Ese informe me fue remitido, pero no resultó satisfactorio porque no evacuó para nada las dudas planteadas. Pero además, ya tenemos tercerizada la recolección de residuos (a cargo de las empresas Urbafe y Cliba), el Servicio de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), y ahora quieren tercerizar el alumbrado público…”, agregó.
“El municipio parecería no estar capacitado para cumplir con los servicios públicos esenciales para la ciudadanía santafesina”, fustigó Quiroz.
El concejal Jorge Fernández, también opositor, habló de las “desprolijidades” del mensaje. “Pero lo que más nos preocupa es que no hay transparencia, lo cual genera inevitablemente un estado de sospechas sobre este intento de licitar el servicio de alumbrado público”, cuestionó.
Y fue más allá: deslizó la posibilidad de que desde el municipio “se quiera beneficiar a alguien en particular (con la licitación pública), lo cual sería muy grave. Esperemos que aquí no haya ninguna ‘devolución de favores’ ni ‘amiguismos’, si es que prospera el intento de tercerizar el servicio de iluminación”, apuntó el concejal.
Posición del oficialismo
Desde el Interbloque “Unidos”, María Beatriz “Titi” Barletta fijó su postura sobre todas las dudas opositoras. “Creo que se está poniendo demasiado el foco en un lugar que es equivocado, porque está claro que lo que se propone en el mensaje está en un contexto de un marco de legalidad plena”, aseveró.
Y si las sospechas tienen pruebas puntuales, “éstas deberán canalizarse en el lugar y con las denuncias correspondientes. Sospechar por sospechar, lo único que hace es amedrentar contra la institucionalidad de un Gobierno local", devolvió a sus colegas opositores.
"Aquí necesitamos que la ciudad esté siempre iluminada: eso es lo más importante. Esta iniciativa, considero yo, es una decisión muy acertada del intendente Poletti”, subrayó.
La polémica ya está instalada. Ahora habrá que aguardar qué derrotero sigue ese mensaje en las comisiones del Concejo, y si llega a tratarse en el recinto. Este diario supo que se vienen intensas reuniones entre concejales y funcionarios municipales sobre el proyecto de la Intendencia.
Con información de El Litoral
