En su carácter de precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei le envió una nota al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en la que sostuvo que la investigación por la presunta venta de candidaturas dentro de su espacio es una ilegítima intromisión en las elecciones de gravedad institucional, y pidió saber si algún partido político estuvo detrás de esta denuncia.
El dirigente opositor, que ya venía sosteniendo la falsedad de la acusación contra los integrantes de su partido, realizó una presentación formal para señalar “posibles maniobras que podrían significar un dispendio jurisdiccional, una ilegitima intromisión en un proceso eleccionario y la posible actuación de un miembro del Ministerio Público Fiscal por fuera de lo que marca la ley”.
Puntualmente, el economista cuestionó la “investigación preliminar” que inició recientemente el fiscal Ramiro González ante los rumores de que miembros de su armado nacional le solicitaban diferentes montos de dinero a las personas para, a cambio, otorgarles un lugar en las listas.
“La realidad es que la real ‘gravedad institucional’ es la ilegítima intromisión del Dr. Ramiro González en el proceso eleccionario mediante la apertura de una investigación preliminar que no es otra cosa que una ‘incursión de pesca’, cuyo único objetivo es menoscabar mi imagen, la de mis colaboradores y de la Alianza La Libertad Avanza”, consideró Milei.
En este sentido, el actual diputado nacional aseguró que esta causa se habría iniciado “sin delimitar el objeto de la investigación, sin las comunicaciones pertinentes a los Fiscales Generales, y haciendo público y mediático todos los actos y declaraciones que se dan en el proceso”, lo cual es contrario a la legislación vigente y viola “el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación”.
“En base a ello, y teniendo en cuenta la simultaneidad entre la campaña política para las elecciones a llevarse a cabo el día 13 de agosto de 2023 (PASO) y la ‘investigación’, debo poner de resalto que nuestra Constitución Nacional establece que se deben llevar a cabo elecciones ‘libres’. Si bien tanto esa Procuración General de la Nación, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han abogado siempre por evitar menoscabar el proceso democrático y llevar a confusiones al elector, llama poderosamente la atención de quien suscribe el inicio de la investigación sin fundamento alguno y apenas un mes antes de realizarse la elección”, señaló.
Por este motivo, el precandidato presidencial remarcó que “es de vital importancia determinar” si el fiscal ha actuado “a pedido o solicitud de otro partido político (u otros candidatos)” y si el caso comenzó “con el único fin de confundir al elector, menoscabar el proceso democrático y afectar la imagen de quien suscribe de cara a las elecciones (como así también en aquellas a desarrollarse en octubre de 2023 en nuestro país)”.
“En ese marco, además, le solicito corrobore si el Dr. González cumplió los lineamientos trazados por la Resolución PGN121/06 en la investigación preliminar ‘pública’ y, concretamente, respecto de los puntos III, V y VI de dicha resolución y la comunicación a los Fiscales Generales”, agregó.
Asimismo, “como miembro de otro de los poderes del Estado”, el diputado aseguró que ve “con suma preocupación la iniciación de diversas ‘investigaciones preliminares’ a miembros del Congreso, sus familiares y asesores que luego no se formalizan ante el órgano jurisdiccional y/o que se prolongan en el tiempo superando ampliamente los plazos establecidos por la ley”.
“A fin de respetar el mandato que me fuera otorgado por la Constitución Nacional y la representación que me otorgaron los votantes, le vengo a solicitar que se realice un amplio relevamiento interno a fin de determinar la cantidad de investigaciones preliminares iniciadas por los Sres. Fiscales de Primera Instancia, particularmente aquellos del Fuero Federal, en relación con miembros del Poder Legislativo, Precandidatos en términos generales (y sus familiares) y/o Alianzas Políticas y cuantos de ellos efectivamente han finalizado en la realización de una denuncia formal”, indicó.
Por último, en su carta, Milei opinó que “permitir la utilización” de este tipo de denuncias “bajo cualquier otro fin que no sean aquellos establecidos en la ley de creación del Ministerio Público Fiscal, perjudica la división de poderes, afecta la democracia y, fundamentalmente, la confianza de la gente en el Poder Judicial y en la libre elección”.
Para el referente de la oposición, “no se puede permitir el uso de facultades conferidas por la ley a los Fiscales de la Nación para confundir a la gente, interferir en procesos democráticos e intentar favorecer a ciertos partidos o candidatos”.
“Por lo expuesto, y teniendo en especial consideración la gran tarea que ha venido desarrollando desde la Procuración General de la Nación es que solicito lo antes dicho, haciéndole saber que el respeto por la ley y la libertad individual son dos principios que entiendo fundamentales”, cerró.
