La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de suspender hasta fin de año la posibilidad de que las empresas importadoras puedan solicitar la exclusión del régimen de percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias, plasmada en la Resolución General N°5339, publicada días atrás.
La suspensión de estos certificados implicará el cobro de percepciones de IVA e Impuestos a las Ganancias sobre operaciones que hasta ahora estaban excluidas por tener los contribuyentes en cuestión saldos a su favor en dichos tributos.
Al suspender los certificados de exclusión, los importadores deberán hacer frente al pago de percepciones del rango de 20% del IVA y el 6% de Ganancias hasta fin de año, con el impacto financiero que eso conlleva en una economía con 100% de inflación. El impacto es doble, ya que los titulares de esos certificados eran contribuyentes que tenían saldos a su favor en dichos tributos, es decir, ya lo habian adelantado.
“La norma abarca a casi la totalidad de los importadores que habían tramitado y obtenido los certificados mencionados, dado que solo se excluyen a micro o pequeñas empresas, a las operaciones por cuenta y orden del Estado, y a aquellas exentas de impuestos nacionales por la ley de Presupuesto 2023”, detalla el documento.
Adicionalmente, distintos tributarias han alertado que es posible que esta medida se traslade a precios. “Con una inflación interanual de más del 100%, el crédito por las percepciones ingresadas hoy se deprecia hasta el momento en que se puede computar. Además, si cuando se computan generan un saldo a favor que queda inmovilizado, la depreciación es aún mayor. Por lo tanto, esta medida termina generando mayores impuestos que incidirán en los precios y afectarán a la economía nacional en un contexto de espiralización de la inflación”, subrayó el tributarista Sebastián Domínguez
Así, la CAC se suma a otras entidades que ven con malos ojos la decisión del Gobierno. La UIA alertó este jueves sobre el objetivo "recaudatorio" de la decisión y su impacto en la competitividad. Desde la entidad central fabril se señaló que "la medida es inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones".
Además, esta disposición se suma como una traba más a las importaciones al necesitar un esfuerzo financiero aún mayor. “Como reiteradamente alertó la CAC –y como es de público conocimiento–, las compras externas de la Argentina registran significativas restricciones de diversa índole, que no solo afectan negativamente a las firmas directamente involucradas, sino que también perturban el normal desarrollo de múltiples ramas del quehacer económico nacional”, alertaron desde la entidad de comercio.
Entre otros puntos, el documento cierra alertando sobre el impacto de la medida en el nivel de actividad y empleo y la potencialidad de vulneración a derechos de rango constitucional, como lo son los de propiedad, capacidad contributiva y garantía innominada de razonabilidad, por lo que aboga la derogación de la Resolución.
Fuente: Radio GOL y NA
