En alerta máxima por las graves consecuencias que provocó en la imagen del Gobierno el atentado narco contra la familia de Lionel Messi en Rosario, la Casa Rosada impulsa, a contrareloj, un acuerdo con la oposición y el oficialismo de Santa Fe para evitar el “carancheo político” -en palabras de un ministro nacional- en el año de elecciones. Sin embargo, por ahora esquivan los pedidos de las autoridades locales para hacer una visita oficial a tierras santafecinas. Temen dar un paso en falso, y especulan con que baje la espuma con el pasar de los días.
Todavía se investigan las responsabilidades del ataque y qué intención tenían. Pero el atentado, infelizmente, terminó siendo el antídoto contra el aletargamiento del Poder Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso. En las últimas 48 horas, la dirigencia nacional puso en marcha, a contrarreloj y en inusual tándem, una serie de medidas para frenar el avance del crimen organizado en la ciudad donde nacieron el ídolo deportivo y su esposa, y donde todavía viven sus respectivas familias.
El plan político del Gobierno, en el fondo, es correr la disputa por el narcotráfico de la campaña. Según dicen, la carrera electoral podría interponerse en la ejecución de las políticas en Santa Fe. “Es un tema muy grave, que no se resuelve de un día para el otro, va a llevar años, y todos nos tenemos que hacer cargo. No podemos dejar que las peleas políticas interfieran”, argumentó un funcionario de la órbita de Alberto Fernández.
No obstante, también admiten que buscan resguardar la imagen de Alberto Fernández y su tropa, y compartir costos con la oposición . El mensaje para los radicales, en particular, es que también deben hacerse cargo de la crisis de seguridad, porque “co-gobernaban” cuando el socialismo estaba al frente del Ejecutivo provincial.
En el esquema acuerdista no tienen aspiraciones de diálogo con la dirigencia nacional del PRO, donde la principal representante en la materia es la presidenta del partido, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y la dirigente más dura del espacio. Sin embargo, creen que pueden sintonizar con los diputados y senadores de la UCR, e incluso con algunos miembros locales del partido de Mauricio Macri. “Con el tema del narcotráfico, la grieta desaparece en Santa Fe. La gente nos quiere matar cuando nos peleamos entre nosotros”, dijo un senador nacional.
El Gobierno quedó ayer en el centro de la picota como el principal responsable de la crisis narco en Rosario. Blanco de críticas de toda la dirigencia de Santa Fe y de Rosario, para reducir el ruido político interno frente a la conmovida opinión pública, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, recibió ayer por la mañana a Perotti, que había llegado a la Casa Rosada invitado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Le prometió responder a los pedidos de la provincia y destinar más elementos y presupuesto. Pero no le confirmó si él mismo, algún miembro de su Gabinete, o inclusive el Presidente, viajarán a su distrito en los próximos días para interiorizarse de primera mano sobre la situación. En el Gobierno dijeron que por ahora no está en los planes, pero tampoco lo descartaron. “En todo caso, el que tiene que ir es Aníbal”, deslizaron desde la órbita de la Nación.
Según revelaron en la sede gubernamental, fue el gobernador quien llamó al jefe de Gabinete, para avisarle que estaba a unos pasos de su despacho, y organizaron una reunión de último momento en el primer piso de la Casa de Gobierno. Después, bajaron juntos a las oficinas de Interior, para oficializar la entrega de tecnología de identificación, y financiamiento para comprar 600 cámaras de reconocimiento facial. Rossi se sumó por instrucción de Alberto Fernández, que se mantuvo al margen del cónclave. Por su parte, el gobernador no pidió ver al primer mandatario, a pesar de que se encontraban muy próximos. “Oscar estaba muy enojado, no quería saber nada”, reveló un funcionario que participó del encuentro.
Horas antes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández,, se había dedicado a responderle al intendente de Rosario por el pedido que le había hecho, 24 horas antes, a Alberto Fernández, para que viajara a Rosario. Sin embargo, en Balcarce 50, decididos a disimular las fisuras, se desentendieron de sus declaraciones. “Aníbal es Aníbal. No tiene juego propio, pero es un dirigente de mucho peso y es muy difícil decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer”, dijo, algo irritado, un alto funcionario. Y remarcó que las palabras del ministro no representan al conjunto del Gobierno. “¿Qué necesidad había de responderle a Javkin por lo que dijo ayer (por el jueves) a las 7 de la mañana”, se preguntó, y puso énfasis en el horario.
Mientras intenta poner paños fríos a la disputa dentro del propio peronismo, Rossi también le pidió a Germán Martínez, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara baja -también rosarino y su aliado político-, que avance sin demoras en las negociaciones con los legisladores de Juntos por el Cambio para aprobar un proyecto que duerme el sueño de los justos desde hace más de un año y que en Santa Fe consideran clave en la lucha contra el narcotráfico.
La propuesta de “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal”, presentada en mayo de 2022, que otorga recursos y presupuesto específicos, lleva la firma de Roberto Mirabella, diputado nacional de la órbita de Perotti, y tiene el consenso de los 19 diputados por Santa Fe -oficialistas y opositores-, y de dos de sus senadores. Sin embargo, su tratamiento nunca se formalizó en comisión, y desde hace meses Mirabella se muestra iracundo con el Gobierno, y con el propio bloque, por la resistencia a tratar la iniciativa. En diciembre, durante la última sesión del año, el soldado del gobierno santafecino se había levantado levantado de su banca, complicando el quórum, como protesta contra la desidia frente al proyecto.
En sus oficinas se preguntan desde hace meses por qué se cajoneó una iniciativa urgente, en un año donde los homicidios dolosos en Rosario terminaron tocando el record histórico, con 288 casos, y donde a diario había síntomas de “narcoterrorismo”, como califica Mirabella al crimen organizado en el distrito. En las charlas en el despacho del diputado concluían que la negligencia respondía al “porteñocentrismo” de la dirigencia nacional. Y ayer se sorprendieron por la celeridad de las actuaciones. De un día para el otro, el presidente de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, convocó a una reunión con sus pares de Legislación Penal para tratar el proyecto y darle dictamen el próximo miércoles 8, a las 11 de la mañana. “Parece que tenían que amenazar a un campeón del mundo para que nos dieran la razón”, se resignó un asesor.
El otro elemento que adquirió súbita urgencia en la agenda del Gobierno es la aprobación de los pliegos del juez Gastón Salmain y de los fiscales Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Dilario, respectivamente, en el Juzgado Federal Nº 1, y el Tribunal Oral Federal 2, en Rosario. Tenían dictamen desde el 6 de septiembre, pero nunca fueron aprobados por el pleno. Ahora, negocian en el Senado para que sean designados.
El Gobierno negocia con premura, y en las oficinas más encumbradas intentarán asegurarse de los pliegos y el proyecto en Diputados salgan antes del comienzo de abril. Si no lo logran, el atentado contra la familia Messi será puro costo para el Frente de Todos.
Info: Infobae.
