El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará el próximo jueves en la comisión de Juicio Político aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el Frente de Todos tiene asegurada la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard definirá qué aval se le da a cada una de las 60 causas incluidas en los 14 expedientes que se presentaron contra todos o cada uno de los jueces, según el caso.
A partir de la mayoría en la comisión, a Juntos por el Cambio -con 14 integrantes- sólo le queda la posibilidad de firmar un dictamen de minoría, o dos en caso de que la Coalición Cívica decida diferenciarse como consecuencia de los dos expedientes que inició previamente contra Lorenzetti.
Para evitar llegar a esa circunstancia, el presidente de la bancada referenciada en Elisa Carrió, Juan Manuel López, solicitó en la última reunión que la definición de la admisibilidad se dé sobre cada causa y sobre cada juez en particular.
Sobre esa instancia, el diputado oficialista Eduardo Valdés estimó que el próximo jueves habrá tres dictámenes: uno del Frente de Todos, otro de la Coalición Cívica- ARI sola, y un tercero del resto de JxC, "negando los cargos" que ellos sustentaron.
Sin embargo, el diputado del PRO Álvaro González trazó otra posible definición: "Seguramente va a haber un despacho de mayoría y uno de minoría, aunque igual creo que no están dadas las condiciones para que en el recinto se den los 172 votos que necesita el oficialismo (dos tercios de la Cámara) para completar la acusación".
El trigésimo primer integrante de la comisión, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, del interbloque Federal, anticipó algunos fundamentos que lo llevan a posicionarse en contra del proceso, aún a sabiendas de que, por la mayoría que ostenta el FdT, su postura no es determinante.
"Hay un embate político que apunta a paralizar la Justicia y se basa en tres ejes: juicio político a toda la Corte, reforma del Consejo de la Magistratura por decreto y elevar a 15 los miembros de la Corte", enfatizó.
La tercera y definitiva reunión de la comisión
La del jueves será la tercera reunión de la Comisión de Juicio Político desde que se inició la tramitación de los expedientes, el 26 de enero, cuando el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones.
Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del principal interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.
En la segunda reunión, desarrollada el jueves pasado, expusieron la mayoría de los firmantes de los 14 expedientes dando los fundamentos que motivaron dichas presentaciones.
El expediente que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2×1″ para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otro de los causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
Respecto a la continuidad del cronograma de trabajo, Gaillard anticipó que "una vez analizado el informe de admisibilidad" y si se "considera que hay sustento suficiente en las denuncias para investigar", se pasa a la etapa de prueba con el objetivo de "esclarecer los hechos".
"Luego se cita a los jueces de la Corte y se expone toda la prueba que ha sido producida para que puedan hacer un descargo presencial o por escrito. Si ellos no vinieran y deciden no ejercer su derecho a la defensa, eso no impide continuar con el procedimiento y la comisión deberá proceder a dictaminar si acusa o no", detalló.
Info: Télam.
