El bloque de diputados del Frente de Todos presentó este viernes el pedido formal de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo un día después de que el Gobierno oficializara el período de sesiones extraordinarias, que se realizará entre el 23 de enero y el 28 de febrero.
El proyecto fue introducido en la Cámara baja por 15 diputados y solicita la presencia de los cuatro jueces: tanto del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, los integrantes del máximo tribunal no están obligados a asistir a la reunión de la Comisión de Juicio Político, que es controlada por el oficialismo.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que los jueces serían citados no solo para responder preguntas sino que como acusados tienen derecho a hacer un descargo o defensa. Además, Gaillard adelantó que el debate puede durar entre dos y tres meses. En la presentación formal, el bloque oficialista solicitó 35 convocatorias entre funcionarios y organismos, lo que elevaría la cantidad de testigos por encima de las 40 personas.
Entre los convocados se destacan los 11 gobernadores que firmaron el pedido de juicio político; el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Además, están incluidos algunos organismos de derechos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Juicio político a la Corte Suprema: cuál es la estrategia del oficialismo
La estrategia que tiene el oficialismo es avanzar contra la Corte Suprema de Justicia en varios frentes: desde el fallo a favor del Gobierno porteño por la Coparticipación Nacional hasta cuando declaró inconstitucional la reforma de la Magistratura de 2006, pasando por sentencias relacionadas con casos de lesa humanidad.
En primer lugar, el oficialismo citó a los 11 gobernadores que acompañaron el pedido de Juicio Político para que, algunos de ellos, den su testimonio sobre el fallo de los fondos coparticipables. En la misma sintonía fueron convocados funcionarios nacionales como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
En el documento presentado, se plantea como un “grave ataque al sistema federal de nuestro país” y una “arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre estas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La reforma del Consejo de la Magistratura, otro de los objetivos del oficialismo
Por otra parte, el embate contra la Corte Suprema también buscará avanzar sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Como principal prueba, utilizará el fallo del año 2006 en el que el máximo tribunal consideró inconstitucional una reforma.
Desde el oficialismo creen que la CSJN, en ese fallo, se arrogó facultades legislativas al poner en funcionamiento una ley anterior y aseguran que eso no puede hacerlo. Para ello, citaron a declarar a los juristas y constitucionalistas, Eugenio Zaffaroni, Eduardo Barcesat y el español Baltazar Garzón.
En esa disputa por el Consejo de la Magistratura, fueron citados el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad -ahora en licencia-, Marcelo D´Alessandro, y Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti, presidente de la CSJN. Allí, el Frente de Todos expondrá como pruebas la filtración ilegal de chats que involucran al ministro porteño, a funcionarios de la Corte y a empresarios de los medios en un viaje al sur. Por último, los diputados oficialistas incluyeron el caso “Muiña”, quien había sido condenado por delitos de lesa humanidad, pero en 2017 la Corte Suprema de Justicia decidió aplicar la derogada ley del “2×1″, por tratarse de la ley más benigna.
En aquel momento, Rosenkratz, Rosatti y Highton de Nolasco -hoy ya no forma parte del tribunal- votaron a favor de reducirle la pena, mientras que Lorenzetti y Maqueda señalaron que la reducción no era aplicable para delitos de lesa humanidad. Por este caso, declararán como testigos el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el CELS e HIJOS Capital.
El documento presentado por el oficialismo sostiene que los integrantes de la Corte Suprema no tienen “inamovilidad absoluta” y que los jueces “permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. A su vez, los acusa de haber “realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”.
Con información de TN
