El padre de la nena de 12 años de Garibaldi, que tras enterarse de que había quedado embarazada como consecuencia de los abusos cometidos por su progenitor solicitó acceder al aborto legal, fue imputado este miércoles. La menor se encuentra hospitalizada, luego de haber sido retirada por la policía de la sede de la asociación provida católica Grávida.
Ante el juez Martín Torres, la fiscal Alejandra Del Río Ayala atribuyó a Gustavo Miguel A. la autoría de "abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo, la guarda y la convivencia" en concurso ideal con "promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, el vínculo, la guarda y la convivencia".
Según lo expuesto en la audiencia, los abusos fueron reiterados y ocurrieron durante la primera mitad del 2022. La fiscalía solicitó la prisión preventiva, que será tratada este viernes 6 de enero.
Gustavo Miguel A. tiene 43 años y cuenta con una denuncia previa por violencia de género, radicada por la madre de su hija. Esa causa tramita en la fiscalía de San Jorge, a dónde el 19 de diciembre arribó la denuncia por abuso sexual pero no se ordenó detención alguna.
El 2 de enero, cuando la menor y su madre no se presentaron al turno que habían solicitado para la interrupción legal del embarazo, y no se logró contactarlas, la causa por abuso fue remitida a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe.
En cuanto a la intervención de Grávida, la Dra. Del Río Ayala señaló que "es todo materia de investigación, todavía no tengo siquiera alguna precisión sobre lo que va a pasar con la niña, que creo que hoy por hoy es lo más importante, que pueda ser escuchada y definir su situación". Desde los organismos públicos que intervienen aún no se ha denunciado a la asociación.
El embarazo fue detectado en un control médico, tras lo cual la niña logró contar que había sido víctima de abusos por parte de su padre. Ante los profesionales de la salud que la atendieron manifestó que no quería continuar con el embarazo, y su madre apoyó la decisión.
Tras firmar el consentimiento, la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Salud coordinaron la realización de la ILE en el Hospital Iturraspe, la cual fue agendada para el lunes 2 de enero. Pero ese día no se presentaron al nosocomio, ni fue posible contactarlas. Esto disparó las alarmas, y recién la siesta del día siguiente se logró dar con la niña y su madre.
La Secretaría de Niñez impulsó una medida de protección excepcional temporaria, la cual fue dispuesta por una jueza de familia. Intervino la policía, que retiró a la niña de la "Casa Hermanas de Betania" -9 de Julio al 2600-, una de las sedes de Grávida en Santa Fe. Fue trasladada a un efector de salud público, donde está acompañada por su madre y por equipos de salud.
Una fuente cercana al caso señaló que fue un sacerdote quien dio aviso al grupo provida de la situación de la niña, tras lo cual colaboradoras de la institución abordaron a la víctima y a su madre y las trasladaron hasta Santa Fe. El viaje y la estadía en la sede no habrían sido voluntarias. Si bien se continúa recabando información, desde el Estado analizan denunciar a Grávida.
Con información de El Litoral
