En una situación infrecuente para el peronismo en el poder, sus principales organizaciones de base crujen. Enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los movimientos sociales oficialistas —como el Evita, Barrios de Pie y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)— atraviesan un proceso interno de discusión que se disparó por una serie de medidas adoptadas por la administración de Alberto Fernández: ajuste en los programas sociales para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), protesta por un magro bono de 13.500 pesos en dos tramos para los titulares del Potenciar Trabajo; las bajas dispuestas por la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz en ese programa de más de 23.000 beneficiarios por supuestas incompatibilidades, como la compra de divisas; el incumplimiento en la entrega de alimentos para comedores populares y de herramientas para cooperativas y emprendimientos productivos entre otras exigencias. “No al ajuste desde abajo” es el lema que los moviliza.
La imposibilidad de Tolosa Paz a cumplir con las demandas de los dirigentes sociales que integran su propio gobierno, llevo a que la UTEP impulse una serie de fuertes reclamos en las calles, inéditos desde la llegada del Frente de Todos al poder. Castro y Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, fueron los más críticos.
“La ministra de Desarrollo Social sigue en guerra contra los pobres, confirmó que la primera cuota del bono para Potenciar Trabajo se pagará el 21 de diciembre y la segunda el 6 de enero, ambos cobros serán de $ 6750. Al Final con Tolosa Paz, Sergio Massa y Alberto Fernández los últimos siguen siendo los últimos”, expresó ante este medio Onorato. Castro, por su parte, también se quejó. Fiel a su estilo mesurado dijo: “Este bono no es ni cristiano ni peronista”.
Las múltiples marchas y concentraciones las hicieron en el marco de un nuevo aniversario del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 y en las vísperas a la Navidad. Cortes en el Puente Pueyrredón —similar a los que realizan las agrupaciones de izquierda— asamblea en el Obelisco Porteño, marchas al ministerio de Desarrollo Social y de Economía.
Ante la falta de respuestas, el secretario general de la UTEP amenazó con una “Navidad de los pobres”, esto es, mesas al aire libre el 24 de diciembre a la noche, similar a la que la entonces CETEP (antecesora de la UTEP) realizó en 2018 contra la administración de Mauricio Macri.
Esa foto —la más temida por el Gobierno— no será publicada debido a que la muñeca política de Tolosa Paz y los dirigentes sociales que son funcionarios de su ministerio —como Emilio Pérsico— lograron posponer la medida. Primero con encuentros en el despacho de la ex diputada y después con la firma de un “acta acuerdo” para el jueves pasado que ahora se postergó para la semana próxima.
La UTEP había votado en asamblea un cronograma de protestas que quedó en la nada y esto generó malestar interno.
La primera postergación de las medidas de fuerza ocurrió por un acontecimiento público invalorable: la conquista de la tercera Copa del Mundo de fútbol por parte del Seleccionado masculino y los masivos festejos posteriores que se sucedieron el martes obligaron a postergar las marchas previstas para ese mismo día frente a supermercados y empresas alimenticias. Después, estuvo la promesa de la ministra de firmar un acuerdo que involucraba un cronograma de entrega de alimentos y herramientas, entre otros puntos. Un hecho que de concretarse se realizará después de Navidad.
La tensión entre el Gobierno y la UTEP, y sus propias disputas internas comenzó con la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no competir en la lista electoral oficialista de 2023 después de su condena de 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público —medida que fue apelada y no está firme—.
A esto se le sumó la ambivalencia de Alberto Fernández a competir por la reelección y su propia debilidad interna.
El movimiento Evita anunció su intención de competir en internas con candidatos propios. Lo mismo hará el Frente Patria Grande, referenciado en el líder del MTE —que integra la UTEP— y el referenciado en Juan Grabois, el más kirchneristas de los dirigente social y con relación directa con CFK.
El segundo hecho que terminó por tensar la interna dentro de la UTEP fue el informe de la AFIP que detectó más de 250.000 supuestas incompatibilidades, entre los titulares del Potenciar Trabajo.
Tolosa Paz decidió no dar esas bajas y solicitar nuevos informes. El hecho generó que el fiscal Guillermo Marijuan la denunciara por los presuntos delitos de mal desempeño de funcionario público, malversación de caudales y abuso de autoridad.
Lo mismo ocurrió con Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social. Bajo el área del líder del Evita depende el programa Potenciar Trabajo.
Tolosa Paz se vio obligada a pedirle a la Justicia que levante el secreto fiscal a la AFIP para identificar de manera nominal a cada beneficiario del programa y, en caso de confirmarse que el Estado le abonaba el plan social fuera de norma, darle de baja.
Las primeras 23.000 bajas y la lupa sobre el cuarto de millón de posibles irregularidades, generaron malestar entre los movimientos sociales. Tanto fue así que Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP pidió la renuncia de los más de treinta dirigentes sociales que forman parte del Poder Ejecutivo, un hecho que no sucedió.
Pérsico es el primer cuestionado. Administra el cuestionado Potenciar Trabajo; no participa de manera activa en las protestas por estar de los dos lados del mostrador; mantiene una relación de privilegio con el presidente Fernández, y se acercó al cristinismo a través del diputado nacional Máximo Kirchner con quien compartió una cena en su casa de Isidro Casanova en La Matanza.
Las protestas callejeras y las concentraciones sobre los ministerios de Desarrollo Social y Economía pusieron en alerta a Alberto Fernández.
En principio está previsto que el martes la UTEP y Victoria Tolosa Paz firmen un acta acuerdo —la primera en tres años— para que el Gobierno cumpla con alguna de las demandas y que los líderes sociales del Frente de Todos dejen de marchar, al menos hasta enero, contra la administración que integran pero que comenzaron a cuestionar por el manejo de la política social.
Info: Infobae.
