Tras un año de vigencia en el marco de la pandemia, el decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluye este miércoles 31 de marzo. La situación se presenta compleja ante la posibilidad de grandes desalojos en el marco de la llegada de una segunda ola de contagios.
Con el fin de la medida, de ahora en más, los desalojos deberán pasar por una mediación con el Ministerio de Justicia, en línea con lo dispuesto en la nueva ley de alquileres. En este marco, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, dado que "lo más fuerte en la reglamentación de la ley es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos".
A partir de ahora, los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo. Y para los inquilinos a los que se les venció el contrato en los últimos 12 meses, tendrán que firmar uno nuevo, regido por la nueva ley de los alquileres
La nueva norma también extiende los contratos de dos a tres años, estipula una actualización del valor anual y ya no semestral y establece que el incremento debe hacerse con la referencia de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de salarios.
Protesta de inquilinos:
Según el último informe dado a conocer por la Federación de Inquilinos Nacional, unos 300.000 hogares tienen deudas en las cuotas desde que comenzó la pandemia. A su vez, el sondeo indicó que el 80 por ciento de las personas consultadas afirmó estar endeudada para pagar el alquiler.
Ante esto, la Federación realizó este martes un "ruidazo inquilino" para pedir al Gobierno "que extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria". Además, denunciaron "el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler". Sostienen que es necesario implementar un "plan de desendeudamiento de las familias inquilinas".
A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó la no extensión del decreto y afirmó que a partir de abril "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres. Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Un protocolo para casos de desalojo:
En este contexto, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo" con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto. A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
