Las hermanas de Diego Armando Maradona, que actúan como particulares damnificadas en la causa que investiga su muerte, apelaron este lunes el apartamiento de Matías Morla como su abogado, en un escrito en el que compararon este expediente con el caso María Marta García Belsunce y criticaron a sus sobrinas Dalma y Gianinna, informaron fuentes judiciales.
“Estamos en una causa que por momentos tiene una seriedad y dedicación impensada, y por otros parece más al triste caso M. Marta García Belsunce que también puso en vergüenza a este departamento judicial”, señalan las hermanas Maradona y sus abogados, al evocar el crimen del country Carmel de Pilar por el que a fines del año pasado, tras 18 años de vaivenes judiciales, fue finalmente absuelto el viudo Carlos Carrascosa por el crimen de su esposa.
El escrito –al que tuvo acceso Télam- está dirigido a la Cámara de Apelaciones de San Isidro y fue firmado por Claudia Nora, Ana Estela y Rita Mabel Maradona, tres hermanas del “10” aceptadas como particulares damnificadas en este expediente, por su abogado Yamil Castro Bianchi y por su socio y jefe, Morla.
Allí, califican de “apurada resolución de feria” a la decisión que el lunes pasado adoptó el juez de Garantías de San Isidro de feria judicial, Diego Martínez, de apartar a Morla como abogado de las hermanas del exfutbolista, al avalar un planteo de Dalma y Gianinna que lo cuestionaba por la cercana relación que tenía con dos de los imputados, el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz.
“No existe elementos de cargo alguno que vincule al letrado con los imputados, después de que estos adquieran dicho carácter”, dice el escrito al respecto.
En la apelación, las hermanas del excapitán de la selección argentina de fútbol sostienen que se sintieron agraviadas por la resolución de Martínez, a quien cuestionaron por haber emitido un fallo con tanta celeridad, sin ser el juez natural de la causa, que es su colega Orlando Díaz.
“¿Por qué el a-quo (juez) tuvo tanto interés en resolver un tema que no es de los habitualmente habilitados para tratar en la feria judicial? ¿Por qué el a-quo -en su condición de juez subrogante- intervino con mayor premura que la evidenciada, hasta entonces, por el juez natural de la causa?”, se preguntan.
Además, aseguran que la decisión de apartar a Morla “conlleva un perjuicio de imposible reparación” a sus intereses, el cual, según expresaron, es transitar su “condición de víctimas” y “las contingencias del presente proceso sin poder contar con el asesoramiento” de su “abogado de confianza”.
También cuestionaron que “ante situaciones similares, se aplican resultados distintos” al mencionar que la defensa de la enfermera Dahiana Gisela Madrid cuestionó en su momento que Miguel Ángel Pierri sea en esta causa defensor del coordinador de enfermeros imputado, Mariano Perroni, cuando antes del deceso de Maradona era un letrado que asesoraba a uno de los particulares damnificados, al hijo menor del “10”, Dieguito Fernando y su madre Verónica Ojeda.
Esta apelación deberá ser resuelta por la Sala III de la Cámara de San Isidro, que ya en diciembre del año pasado falló a favor de Morla, cuando ordenó que las hermanas del ex DT de Gimnasia sean tomadas en cuenta como particulares damnificadas, algo que había sido rechazado en su momento por el juez Díaz.
En tanto, los fiscales a cargo de la investigación, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, iniciaron este lunes en la fiscalía general de San Isidro una serie de 13 nuevas testimoniales que estaban pendientes en la causa con dos enfermeras que atendieron a Maradona durante los fines de semana.
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación.
La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".
Una junta médica concluyó que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que "no estaba en pleno uso de sus facultades mentales", que el operativo montado en la casa en un country de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica.
Además, calificó al equipo médico como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".
Por ello, los fiscales imputaron e indagaron por el presunto delito de “homicidio simple con dolo eventual” –con pena de 8 a 25 años de cárcel-, a siete profesionales de la salud.
