El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, sosltuvo que "la calidad institucional implica la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública".
Su alocución adquirió particular resonancia tras la decisión del Poder Ejecutivo de restringir pedidos de acceso a la información pública a través de un decreto publicado semanas atrás. En momentos en que también arrecia la polémica política por las candidaturas a cubrir las vacantes en el Tribunal, el santafesino insistió en que "hay una demanda social de transparencia" e hizo un repaso por el funcionamiento del tribunal en los últimos años, marcando diferencias con etapas inmediatamente anteriores de conducción "unipersonal e hiperconcentrada".
El jurista disertó durante la Cena anual de Poder Ciudadano, en la que participaron destacados y numerosos referentes de la política y los medios de comunicación del país, y diplomáticos internacionales. Allí, el también presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación puso el foco en la importancia de reducir la cantidad de causas que llegan a los tribunales, destacó el trabajo conjunto que realizan los dos organismos que encabeza, y celebró las transformaciones en el Máximo Tribunal.
"Se cuestiona al Poder Judicial por la falta de velocidad de sus sentencias", sostuvo Rosatti, cuando el principal problema "no está en la salida del proceso productivo, sino en el ingreso". La Corte, ejemplificó, dicta cada año cerca de 12.000 sentencias con las que resuelve unas 20.000 causas. En ese marco, señaló que cerca del 65% de las causas que llegan al Máximo Tribunal "provienen del propio Estado que, por ejemplo, en materia previsional, apela para no pagar una sentencia y ganar tiempo, aunque ya sabe cuál será el resultado porque existen precedentes".
En tal sentido, apuntó también contra la judicialización de la política y dijo que "muchas veces, la falta de respuesta de los poderes representativos" deriva en una excesiva litigiosidad y en un "ingreso descontrolado de causas" que, inexorablemente, provoca lentitud y conspira contra la agilidad de los procesos.
"Es muy difícil ser un tribunal de garantías constitucionales cuando todo se judicializa y llega a la última instancia", sostuvo, e instó a recuperar el espíritu de concordia, la vocación de diálogo y los mecanismos de conciliación para que más controversias se diriman por estos medios antes de arribar a los tribunales. "Si desde la sociedad no se utilizan estas herramientas, si lo que pasa a la mañana se judicializa a la tarde, todos perdemos", afirmó.
Transformaciones
Rosatti destacó también que en los últimos años "comenzó a forjarse una profunda transformación cultural en el funcionamiento de la Corte", en particular en sus procedimientos decisorios. Se trata de "un modelo de funcionamiento colegiado, donde las decisiones no se concentran en una sola persona, sino que se toman por mayoría, previa participación y deliberación", tanto en lo referido a la labor jurisdiccional como a las cuestiones administrativas y de superintendencia.
En la misma línea, advirtió que "lo que parecía algo básico, elemental en las reglas de la buena administración, no se cumplía en el Máximo Tribunal: órganos que debían ejercer el control dependían jerárquicamente del órgano a controlar". A tono con un nuevo paradigma, "esto fue cambiando: hoy hay un sistema de control de legalidad y de gestión que funciona con carácter autónomo, independiente de las funciones y de los órganos controlados", afirmó.
Entre otros temas, Rosatti resaltó la creciente articulación y cooperación entre la Corte y el Consejo de la Magistratura en diversas áreas, aludió a la importancia de promover el lenguaje claro en los textos y comunicaciones jurídicas, y ponderó la transparencia cada vez mayor en todas las instancias de la selección de magistrados, así como en la ejecución presupuestaria y el régimen de contrataciones, reflejadas en los respectivos sitios web.
Asimismo, valoró la importancia de la calidad institucional, reflejada en variables como la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, como indicador de desarrollo de una sociedad –junto con los factores que históricamente se han considerado para ello, como la educación, la salud y el crecimiento económico–; e hizo alusión al 30° aniversario de la reforma constitucional, de la cual participó como convencional constituyente, rescatando el espíritu de concordia que posibilitó aquella gesta democrática. "Antes y después de los tres meses que duró la convención, hubo grietas; pero compartíamos un objetivo superador que iba más allá de nuestras ideologías. Si eso sucedió acá en la Argentina, ¿cómo es posible que no podamos hacerlo ahora mismo?", se preguntó.
Desafíos
Más temprano, Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, recorrió los puntos salientes de la actividad de la entidad y referenció los principales desafíos de la República. En particular, reclamó transparencia y la autolimitación en el ejercicio el poder de los gobernantes, como un antídoto contra la polarización discursiva y la autoprotección política.
Luego, Francois Valérian (presidente de Transparency International), Mercedes de Freitas (presidente de Transparencia Venezuela) y Pablo Secchi (director ejecutivo de Poder Ciudadano) participaron de un conversatorio.
