Con la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a las audiencias públicas donde se presentarán Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, comenzaron a correr los plazos del procedimiento previsto por la Constitución Nacional, y también para terminar de definir el tablero político en el cual se determinará la suerte de esas postulaciones.
Este lunes se publica por segunda vez el edicto en el cual se establece que Lijo y García-Mansilla, defenderán sus postulaciones en la comisión de Acuerdos del Senado el 21 y 28 de agosto próximos, respectivamente. En tanto, el período de presentación de preguntas e impugnaciones que serán consideradas en las audiencias públicas, correrá desde mañana hasta el próximo lunes 29.
Además, en el edicto se especifican los requisitos para la presentación de preguntas, que apunten a precisar "las calidades y méritos de los aspirantes propuestos", entre los cuales se destacan los datos personales del presentante, si es funcionario público o representante de una asociación o colegio profesional. "La exposición fundada por escrito de las observaciones formuladas a las calidades y méritos del aspirante cuyo acuerdo haya sido solicitado por el Poder Ejecutivo; la indicación de la prueba que dé sustento a sus afirmaciones, acompañando la documental que obre en su poder; todas las preguntas que quiera le sean efectuadas al interesado durante la audiencia pública".
Alteraciones
Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021. En tanto, García-Mansilla es candidato para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que en diciembre llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para integrar el Alto Tribunal.
El Poder Ejecutivo pone de resalto en los fundamentos de las postulaciones presentadas en el Senado la necesidad de "contar con un tribunal completo, especialmente en un contexto donde cada decisión requiere el consenso de al menos tres miembros", por lo que las designaciones representan lo que el Gobierno considera como "un paso crucial para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial argentino".
Esto viene a colación de que, desde la renuncia de Highton, la Corte viene funcionando con cuatro integrantes. Una situación de virtual empate que normalmente queda zanjada (aunque a ésto naturalmente por la presentación del gobierno) por el hecho de que, excepto en los muchos casos en los que hay coincidencias y por lo tanto pronunciamiento unánime, las decisiones divididas suelen tomarse por tres votos contra uno: los de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Maqueda contra Ricardo Lorenzetti. Una relación de fuerzas que, más allá de suplir la actual vacante con Lijo, se verá inevitablemente alterada con la salida de Maqueda y el ingreso de García Mansilla.
En la primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe que preparó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, García-Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.
Votos transversales
La comisión encargada de llevar a cabo las audiencias es la de Acuerdos, que encabeza Guadalupe Tagliaferri (PRO Ciudad de Buenos Aires). También la integran los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza, vicepresidenta), José Mayans (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juliana di Tullio (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero).
Del lado de la oposición "dialoguista" se encuentran en la comisión, además de la macrista Tagliaferri, Beatriz Ávila (aliada PRO, Tucumán); los radicales Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Mariana Juri (Mendoza) y Carolina Losada (Santa Fe); los peronistas disidentes Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Espínola (Corrientes); y el misionero renovador -no massista- Carlos Arce. El único oficialista es el jefe de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).
Pero no conviene calcular cuál puede ser el nivel de apoyos o rechazos que puedan merecer ambas candidaturas tomando en cuenta el alineamiento político de cada uno de los 17 integrantes de la comisión. Y esto es porque, si bien algunos de los legisladores no adelantaron su voluntad, los que sí lo hicieron revelan una transversalidad que aplica a todos los bloques. Así, la figura del juez federal Lijo obtendría mucho respaldo del peronismo (normalmente refractario a las iniciativas oficiales) y el rechazo de opositores dialoguistas, como la santafesina Losada, y de oficialistas como el formoseño Francisco Paoltroni, que si bien no integra la comisión, ya anticipó que votará en contra en el recinto.
Perfil bajo y conservador
Con un perfil mucho más bajo que el de Lijo, y mucha menos campaña activa de recolección de adhesiones, García Mansilla también estará afectado por la manera en que se incline la transversalidad entre los bloques, ya que si bien no se discute su nivel académico y su honorabilidad personal, existen muchas reservas en distintos bloques por su pensamiento marcadamente conservador.
Tras la publicación de las fechas de audiencias públicas en dos medios masivos de comunicación impresa, habrá siete días corridos de impugnaciones y/o adhesiones -presenciales o en una web designada para el caso-; tres días de análisis de la comisión sobre qué girar o no a los candidatos; y tres días para que respondan los postulantes.
Con todas esas fases concretadas, se esperarán a la audiencias en cuestión y los eventuales dictámenes. En caso de obtenerlos, a partir de los siete días será el turno del recinto, donde se necesitarán dos tercios de los votos de los presentes. Para esta instancia serán claves las potenciales ausencias que puedan darse ese día. En caso de asistencia perfecta -72-, cada uno de los postulantes precisará 48 voluntades.
Por las razones expuestas, el resultado de este proceso tiene un pronóstico con resultado abierto; condicionado por el hecho de que Lijo parecería contar con más respaldo político, pero a la vez el gobierno definió que tienen que ser "los dos o ninguno". Y a la vez, adquiere un particular significado, en la medida en que puede ser el prólogo a una movida aún más ambiciosa, que es la de ampliar la integración del tribunal a 9 miembros. Posibilidad que ya no existe sólo como una idea, sino como un tema en la agenda de conversaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
