Ley Bases: el Gobierno logró un dictamen unificado en Diputados, pero no hubo acuerdo para privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA

El oficialismo y la oposición dialoguista (PRO, HCF, UCR, Innovación Federal y Coalición Cívica) avanzaron hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales con la firma del dictamen del proyecto de Ley Bases que se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados este jueves a las 12.

Para simplificar la negociación política y agilizar el trámite parlamentario, el texto simplemente consta de un artículo donde se ratifican todas las modificaciones que se hicieron al texto en el Senado. El dictamen de mayoría obtuvo 66 firmas (LLA, PRO, UCR, HCF e IF). Mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la diputada socialista Mónica Fein no firmaron ningún dictámen.

“Las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales han considerado el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión Expte. (CD 37/2024) (13-06-2024) Mensaje 0007/2023 y Proyecto de Ley de bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (0025-PE-2023); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por el honorable senado en su totalidad, la cual consta de los siguientes Títulos: Título I – Declaración de Emergencia; Título II – Reforma del Estado; Título III – Contratos y Acuerdos Transaccionales; Título IV – Promoción del Empleo Registrado; Título V – Modernización Laboral; Título VI – Energía; Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones – RIGI; Título VIII – Medidas Fiscales para un Ajuste Equitativo y de Calidad; Título IX – Disposiciones Finales; y, Anexo I”, dice el texto que se consensuó.

El principal revés para el Gobierno fue el rechazo de los dialoguistas a insistir con la redacción original que salió de la Cámara de Diputados para volver a incluir Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina en la lista de empresas que se podrán privatizar.

La suerte de esas tres empresas quedó sellada ayer por la tarde cuando el bloque Hacemos Coalición Federal le informó al Gobierno que no estaban de acuerdo con insistir con la redacción original para evitar que la venta de las empresas públicas termine judicializada. El argumento fue que esas empresas fueron retiradas del texto antes de que los senadores lo aprobaran en general. Por lo tanto, técnicamente no sería una modificación.

La decisión del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto también terminó por saldar la discusión interna del bloque UCR. Así, ante la eventual falta de votos, se inclinó la balanza en favor de quienes pretendían “respetar los acuerdos que se hicieron en el Senado”. La posición de volver a incluir esas tres empresas quedó en minoría, representada por el jefe de bloque Rodrigo de Loredo, junto a Pamela Verasay, Martín Tetaz, Francisco Monti y Luis Picat.

El dictamen contemplará la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, más la privatización/concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

“Creemos que se puede insistir en esta ley con el impuesto a las Ganancias y con el impuesto a los Bienes Personales, porque formaron parte del expediente que fue aprobado en general en el Senado, independientemente de que después a su turno en los respectivos capítulos y artículos no obtuvieron la mayoría para ser aprobados en particular”, explicó Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal.

Y concluyó: “Pero por ese mismo motivo, y para tratar de ser coherente e institucionalista, la moratoria previsional y la privatización de Aerolíneas Argentinas, RTA y Correo Argentino tienen un carácter absolutamente diferente que no habilita la insistencia de Diputados. No solamente porque formaron parte de un acuerdo de quórum para que esta ley fuera posible, y eso en sí mismo para nosotros al menos tiene un valor, sino porque además en términos jurídicos consideramos que ni siquiera fueron sujetos a votación ni en general”.

El régimen de incentivo a las grandes inversiones fue uno de los puntos más debatidos en el Senado. En concreto, se modificó el artículo 165 para limitarlo a ciertos sectores: foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.

En tanto, hubo un gesto para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

Otro retoque importante se dio en el artículo 196 -incentivos cambiarios-, sobre el cobro de exportaciones: será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

El título provisional fue retirado del texto antes de la votación en general. Por lo que la eliminación de la moratoria no se trató en el Senado y por lo tanto Diputados optó no insistir sobre ese punto para evitar discusiones reglamentarias. La misma situación aplica para la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para las personas que lleguen a le edad jubilatoria sin la cantidad de años de aportes. Esta iniciativa del radicalismo también quedó fuera del texto final que se debatirá el jueves.

La principal modificación fue que “se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”.

Las facultades del Poder Ejecutivo para poder intervenir organismos públicos se limitó en el Senado aún más con la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Ya en Diputados se había elaborado un listado de organismos que quedaban protegidos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Además, en los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se “garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos” en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

El Senado bajó de 5 a 3 la cantidad de trabajadores colaboradores con los que podrá contar un trabajador independiente para llevar adelante un emprendimiento productivo. Será una relación autónoma y por lo tanto no existirá un vínculo de dependencia entre ellos.

Se podrá dar por terminada una relación laboral (grave injuria laboral) la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento o se las retenga indebidamente.