Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, le reclamó a Alberto Fernández que suspenda y revoque una serie de decisiones que tomó el Gobierno y que el libertario entendió como “acciones contra el sistema democrático” de carácter partidario. El diputado formuló reserva de acudir a la justicia para iniciar acciones civiles y penales si no se da marcha atrás con esas decisiones.
Puntualmente, le exigió al Presidente “que se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023″.
“Le corresponde a usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía. Si, como es de esperar, continuara con su silencio y su inacción, será cómplice de una conducta que afecta al sistema democrático y pasible de las responsabilidades que ese proceder conlleve”.
En la carta dirigida al jefe de Estado, Milei sostuvo: “Denuncio la grave e ilegítima actuación en la que ha incurrido el Estado Nacional y solicito al Sr. Presidente de la República Argentina, en los términos de los artículos 14 de la Constitución Nacional y XXIV del de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), la inmediata revocación (o en su caso, el inicio de las correspondientes acciones de lesividad) de los siguientes actos administrativos por ser, conforme será demostrado a lo largo del presente escrito, manifiestamente nulos de nulidad absoluta e insanable”.
Allí, el líder libertario cuestiona resoluciones de la Secretaria de Energia, del Conicet, de la jefatura de Gabinete, el ENRE, el ENACOM el Registro Nacional de las Personas “y/o todo otro acto que tenga por objeto o efecto comprometer los recursos del Estado Nacional más allá de la fecha en que finaliza su mandato y que adolezcan de los graves vicio” que el escrito denuncia.
También exigió al jefe de Estado “que se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023″.
El texto sostiene: “Hasta tanto se efectivice la revocación requerida, requiero al Poder Administrador que, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Decreto Ley 19.549 (“DLNPA”)- y 13, inciso 2 de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado 26.854, disponga la inmediata suspensión de los actos aludidos; y ordene o requiera, según corresponda a las respectivas dependencias administrativas a que procedan de igual modo”. Milei aclaró que no incluía en esta exigencia a “aquellos actos que se refieran a recursos indispensables de los que dependa la normal marcha de la administración y la prestación de los servicios esenciales a cargo del Estado”.
“Formulo expresa reserva de acudir a la Justicia a fin de instar las acciones penales y civiles a los que su negativa u omisión diera lugar”, advirtió.
A lo largo de 31 páginas, el candidato a presidente afirmó: “El 10 de diciembre de 2023 asumirán las nuevas autoridades elegidas por el voto popular en las elecciones que se desarrollarán el 22 de octubre de 2023. Se trata de un momento gravitante en la vida de una Nación. No solamente por el significado republicano y democrático de toda jornada electoral, sino especialmente, por el impacto que puede tener en el rumbo de un país la elección un determinado programa de gobierno. Numerosos fueron (y siguen siendo) los actos administrativos (irrazonables e ilegítimos) dictados por la administración pública tanto centralizada como descentralizada que comprometen el presupuesto futuro, condicionan la actuación de los gobernantes futuros y perjudican, en definitiva, el progreso de los argentinos”.
