Este domingo Sergio Massa confirmó que habrá una suma fija de $60.000 para trabajadores del sector público y privado. Por su parte, la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, dijo que perciban el bono quedarán inhabilitados para comprar dólares en el mercado cambiario y que habrá multas para quienes no paguen el extra decidido por el Estado.
La aclaración llegó a través de declaraciones radiales de Olmos. En conversación con Urbana Play la funcionaria respondió afirmativamente a la consulta respecto a si los que perciban el bono quedarán impedidos de comprar dólares. “Eso, fundamentalmente, en los casos de recursos que pone el Estado”, aclaró la funcionaria. Pero efectivamente lo que nosotros queremos es que esto no vaya a la brecha, queremos que vaya a consumo”, dijo.
La ministra indicó además que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono, el cual le corresponde a quienes tienen salarios de hasta $ 400.000 netos (alrededor de $ 481.000 brutos, dependiendo de los descuentos) al mes de agosto. “Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió la funcionaria en declaraciones a FutuRock, que aseguró que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.
Olmos destacó el rol que tendrán los sindicatos para detectar las faltas de los empleadores. “Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, había indicado ayer.
No es la primera vez que una nueva medida impulsada por el Gobierno cae dentro de las categorías que generan trabas para el acceso al mercado cambiario. Sucedió, por ejemplo, cuando el año pasado se segmentaron los subsidios a la luz y el gas y, bajó la lógica de que el Estado busca evitar que las transferencias monetarias tengan por destino el mercado cambiario, quienes perciben una asistencia para el pago de sus boletas quedaron impedidos de comprar el cupo de USD 200.
En este caso, aunque la ministra no lo aclaró y que el Banco Central está esperando el decreto de la suma fija para ajustar la normativa, el mismo principio parece aplicarse. Si la lógica es la misma, quienes perciban una suma fija pagada por el Estado, quedarían impedidos de comprar. Falta aclarar qué pasa con quienes reciben la suma fija, pero ésta queda a cargo de un empleador privado.
Con información de UNO Santa Fe
